De libros recientes

Camisas azules frente a sotanas negras: Alfonso Lazo publica un estudio sobre las conflictivas relaciones entre la Falange y la derecha tradicional en Sevilla.

Mala literatura y literatura fascista: Jesús Aller comenta la reciente reedición de Madrid, de corte a cheka de Agustín de Foxá.

A golpe de sable: Gabriel Cardona biografía a los militares que marcaron la política española desde 1808 hasta la GCE. "Franco fue un carrerista con una única ambición, el poder", afirma.

El peso de la guerra: Andrés de Blas Guerrero comenta la nueva edición del ensayo clásico de Paloma Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Políticas de la memoria y memorias de la política es su último libro.

Añoranza (fingida) de la 'rentrée': Manuel Rodríguez Rivero comenta la publicación de una Bibliografía de la Guerra Civil Española, un cedé con más de cuarenta mil títulos censados por Maryse Bertrand de Muñoz; las biografías dedicadas a Juan Negrín de Gabriel Jackson, Miralles y Moradiellos . De Jackson se anuncia la reedición de sus clásicos en una biblioteca especial. En noviembre se editarán las obras completas de Manuel Azaña en seis tomos preparados por Santos Juliá, que tambien actualizará la biografía que dedicó al Presidente de la República, especialmente en lo referente al periodo de mayo de 1936 a febrero de 1939.

L'òmnibus de la mort: parada a Falset: Toni Orensanz reconstruye la ruta sangrienta de la "Brigada de la Muerte", un grupo anarquista de la CNT-FAI que causó la matanza de 27 vecinos de Falset (Tarragona).

La batalla de La Granja: Eduardo Juárez y Héctor Monterrubio estudian el episodio más cruento de la GCE en Segovia.

La reforma militar de Azaña, Segunda edición del análisis clásico de Michael Alpert.

Su silencio es nuestra voz: historia de la sublevación militar y la represión en Espera (Cádiz) ,el pueblo de la reforma agraria, por Fernando Sígler Silvera.

Novedades Bibliográficas (3)

El Archivo General de la Guerra Civil Española informa de la aparición de un nuevo número del Boletín de Información de la Biblioteca del AGGCE (el anterior puede consultarse aquí). En esta ocasión, además de ofrecer las últimas catalogaciones realizadas, se incluye una relación de las obras de Carlos Marx que posee la biblioteca, aprovechando que se cumplen 125 años de su muerte.

El catálogo completo de la biblioteca puede consultarse en el catálogo colectivo de la Red de bibliotecas del CIDA y de los Archivos Estatales gestionados por el Ministerio de Cultura.

Novedades bibliográficas (2)

El Archivo General de la Guerra Civil Española ha publicado su segundo Boletín de Información de la Biblioteca, del ya hablamos en otro post.

Pues, manteniendo lo dicho entonces, si os suscribís al mismo podréis estar fácilmente al día de las novedades bibliograficas que se publican sobre la IIªR, la GCE y el franquismo.

El archivo del Komintern, en España

El Komintern (o Comintern) fue el nombre abreviado de la Internacional Comunista, una organización política supranacional con sede en la Unión Soviética integrada por partidos comunistas de distintos países con el objetivo de extender los movimientos revolucionarios por todo el mundo. También se le conoció como la "Tercera Internacional", en cuanto se declaraba heredera ortodoxa de las dos anteriores Internacionales: la Primera, entre 1864 y 1876, también conocida como "Asociación Internacional de los Trabajadores" y la Segunda, entre 1889 y 1916, de corte socialdemócrata, con la que finalmente romperían los comunistas.

Desde su creación en 1919, el Komintern, más o menos influenciado, más o menos controlado por el gobierno de la URSS, se dedicó intensamente a mantener contactos y lazos con otros partidos comunistas en extranjero hasta que Stalin declarará su disolución en la conferencia de Teherán, en 1943. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Stalin buscaba calmar al resto de aliados contra Hitler, recelosos de la influencia comunista entre las masas obreras europeas y el posible intervencionismo de Moscú.

En 1996 el Servicio Federal de Archivos de Rusia (Rosarjiv) y el Consejo Internacional de Archivos firmaron un acuerdo para informatizar y reproducir digitalmente los fondos documentales generados por el Komintern como parte de una política de apertura de archivos iniciada por el gobierno de Boris Yeltsin tras la caída del régimen comunista. Al proyecto se asociaron los archivos nacionales de Suiza, Alemania, Francia, Italia, Suecia y España, así como la Biblioteca del Congreso de EE.UU y la Fundacion Robert Soros-Open Society Institute (Budapest). Todos estos socios formaron un Comité Internacional para la Informatización del Archivo del Komintern (INCOMKA).

En una primera fase del proyecto se encargó a una empresa española la implantación de una base de datos (ArchiDOC/ArchiGES) capaz de almacenar los millones de registros e imágenes que conservaba el archivo, siguiendo el ejemplo de los trabajos realizados en el Archivo General de Indias, informatizado con motivo del Quinto Centenario. El archivero español José Manuel González fue uno de los responsables de la supervisión del proyecto.

Hasta junio de 2003 ya se habían introducido 210.758 referencias de documentos listados en los inventarios en papel que ya existían (22.000 páginas de inventario) y se habían digitalizado 1.062.284 documentos relevantes del archivo (un 5% del total) de acuerdo con los criterios histórico indicados por el INCOMKA:

• El fondo del Comité Ejecutivo, que contiene la documentación de las comisiones regionales (incluida España) y las diversas secretarías internas (como la de Latinoamérica, que llegaría a ocupar Dolores Ibárruri).
• Fondos de delegaciones especiales, como el de las Escuelas Lenin o el Socorro Rojo Internacional.

En junio de 2003 se abre a la consulta en el Centro de Estudios de Historia contemporánea de Moscú (RGASPI). Igualmente comenzaron las gestiones para instalar una réplica del misma en cada uno de los ocho países colaboradores en el proyecto.

La segunda fase del proyecto preveía la colocación en línea del Archivo y la traducción de las descripciones informatizadas al inglés para aumentar sus posibilidades de difusión internacional. Esta segunda fase fue encargada a una empresal ruso-holandesa que construyó un sitio web donde es posible acceder a los fondos.

Tras inscribirse en línea se accede al inventario completo (más de 200.000 referencias documentales). Los nombres de persona e índices de materia se han transliterado a carácteres latinos lo cual permite búsquedas generales aunque no siempre precisas. El acceso a las imágenes digitalizadas, en cambio, no es gratuito y hay que abonar una cuota anual para ello.

Las imágenes de la réplica española del archivo del Komintern sí que son de consulta gratuita y están disponible en CD-Rom en el Archivo Histórico Nacional (Madrid). Como la base de datos aún no dispone de una versión española todas las descripciones las hallaremos en ruso. Además el investigador que desee consultar este fondo debe considerar que la casi totalidad de los documentos originales digitalizados están escritos en ruso y en alemán, tan sólo una pequeña parte en inglés y francés y aún mucho más pequeña, en español.

En todo caso el archivo del Komintern conserva numerosos datos sobre:

• las relaciones entre el bolchevismo y el PCE (miles de fotografías entre 1919 y 1947; el archivo personal de José Díaz, secretario general del PCE; la gestión de Dolores Ibárruri como Secretaria General de la Internacional para Latinoamérica entre 1935 y 1941),
• el PSOE,
• el POUM,
• las Brigadas Internacionales (aproximadamente cuatro mil expedientes),
• el desarrollo de la guerra,
• el exilio español en la Unión Soviética.

BIBLIOGRAFÍA

• Bescós Ramos, Julián; Vázquez de Parga, Margarita: "La informatización del Archivo del Komintern y su réplica en 8 paises", Archivamos, 47-48 (2003), pp. 55-56

Tres congresos en línea: Guerra, prisiones y Transición

Cada vez es más usual que los organizadores de congresos, jornadas, ciclos de conferencias, etc. publiquen en Internet las actas con sus conclusiones, ponencias y comunicaciones. Es una iniciativa de agradecer. En su mayoría este tipo de publicaciones tienen una tirada limitada que impide que lleguen a muchas librerías y por tanto a más posibles interesados. Os recomiendo especialmente tres recientes congresos sobre la GCE y el franquismo que dedican buena parte de sus temas a las fuentes de estudio:

En primer lugar el congreso internacional La Guerra Civil Española celebrado en Madrid del 27 al 29 de noviembre de 2006, organizado por el Ministerio de Cultura y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Estatales. La mesa 36 estuvo dedicada expresamente a Fuentes y archivos.

El Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la Universidad Autónoma de Barcelona organizó del 21 al 23 de octubre de 2002, el congreso Los campos de Concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo. La cuarta sección estuvo dedicada a las fuentes documentales.

Por último, también os destaco las Jornadas La Transición a la Democracia en España. Historia y Fuentes documentales organizadas en noviembre de 2003 por el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Estas fueron las sextas jornadas que organiza este Archivo (llevan ocho) dedicadas a diversos temas de investigación muy interesantes sobre la historia de España. ¡Bien por los buenos archiveros!

Las Milicias Nacionales y la División Azul

El ejército de Franco incorporó a sus filas un buen número de milicias paramilitares: falangistas, requetés, caballeros de Santiago y otros que al principio de la Guerra actuaban independientemente pero que a partir de 1937 se unificaron bajo el mando único de la Jefatura Nacional de la Milicia (con sede en Segovia) pasando a depender de la Dirección de Servicios del Cuartel General del Ejército.

Finalizada la Guerra, los fondos de la Jefatura Nacional de la Milicia fueron remitidos a Madrid, al Servicio Histórico Militar, para engrosar el llamado "Archivo de la Guerra de Liberación". Destacan especialmente los expedientes personales de todos aquellos que formaron parte de la milicias nacionales que están organizados por provincias de origen.

Sobre la División Azul (1941-1943), para conocer mejor su contexto y significado podéis acudir al artículo de la Wikipedia y seguir algunos de los enlaces que propone para ir tirando del hilo de su historia. Cualquier búsqueda en Google os dará además miles de resultados aunque predomina claramente la opinión partidista sobre el análisis serio.

La formación de este cuerpo expedicionario en 1941 obligó a Franco a la toma de precauciones: no podía apoyar directamente a los nazis si no quería arriesgar su posición de neutralidad ante los aliados. Por ello la organización y relevos del contingente recayó en la Jefatura Nacional de la Milicia, manteniendo a la vez un enlace gubernamental a través de la Subsecretaria del Ministerio del Ejército o "Representación de la División Española de Voluntarios". En octubre de 1943 se disuelve la División siendo sustituida durante un corto periodo por la "Legión Española de Voluntarios" (o "Legión Azul"). Esta también sería disuelta el 17 de abril de 1944.

Actualmente los fondos generados por la Jefatura Nacional de la Milicia, incluyendo los de la División Azul se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila (AGMAV).

El fondo Milicias Nacionales (58 Cajas): de 1936 a 1961.

El fondo División Azul (678 Cajas; 322 Fotos y 907 Planos), que está organizado en cuatro grandes secciones:

1. División Española de Voluntarios (1) de 1941 a 1944: documentación organizada en Madrid por el Servicio Histórico Militar dentro del llamado "Archivo de la Guerra de Liberación". Se divide en: Organización, Información, Operaciones, Servicios y Cartografía.
2. División Española de Voluntarios (2) de 1941 a 1960: contiene la documentación referida a la repatriación de prisioneros y liquidación de unidades y recompensas: Cuartel General (Jefatura, Estado Mayor, Intervención y Jefatura de Sanidad) y Jefatura de Servicios de Retaguardia (Hospitales).
3. Legión Española de Voluntarios, de 1943 a 1944.
4. Expedientes personales de divisionarios.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE FUENTES

• JIMÉNEZ DE CISNEROS Y BAUDÍN, Federico Daniel: "El archivo de la Fundación División Azul". En: Varios: Fuentes para la historia militar en los archivos españoles : actas VI Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, 6-10 de mayo de 1996), 2000, pp. 517-524
• MELGAR CAMARZANA, Manuel: "Fondos Contemporáneos en el Archivo General Militar de Ávila", Revista de Historia militar, 1 (2002 ), pp. 457-500.
  

El acceso a los archivos de la Guerra Civil (2 de 2): ¡No os dejeis embrollar!

En el anterior post hemos mencionado que buena parte de las dificultades para acceder a los archivos en España proviene de la falta de legislación adecuada y que mientras la situación legal no mejora deberemos adaptarnos a lo que tenemos…

Sin embargo, en mi opinión, el mayor obstáculo para la investigación en los archivos no es una legislación deficiente e inadecuada sino más bien la actuación de unos determinados funcionarios a los que voy a llamar “archiveros obstruccionistas”. ¡Ojo!: no son ni mucho menos la mayoría pero bien que se hacen notar y bastante mala prensa le dan a todo el gremio. Incluso en el informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la GC y del franquismo se hace referencia a unas "peculiaridades de las culturas administrativas de los organismos públicos o entidades privadas” como traba que dificultan el acceso a los documentos originales; y reconoce además que " las condiciones de consulta de nuestros archivos vienen siendo objeto de numerosas quejas y reclamaciones, tanto por parte de los investigadores como de los ciudadanos en general".

El tema del acceso nos es tan complicado como algunos querrán intentar converceros. Lo que pretenden en realidad es desanimar las reclamaciones. La legislación no es tan ambigua ni contradictoria. Es cierto que permite algunas interpretaciones diferentes, pero no tales que amparen la vulneración del espíritu de la norma. Tras la aprobación de la llamada "Ley de Memoria Histórica", la situación se ha aclarado bastante y ahora el investigador tiene las de ganar si sabe jugar sus cartas.

Este espíritu que he citado emana de tres principios recogidos en la Constitución de 1978:

• Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho (Art.º 44.1);
• Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general (Art.º 44.2);
• La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas (Art.º 105.b).

El acceso a los archivos y registros públicos en España esta fundamentalmente regulado por en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y por la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común. No existe, por tanto, una Ley específica al respecto sino que habrá que tirar de algunos artículos de otras leyes y normas.

Ocurre que la Ley 16/85 es esencialmente favorable al acceso a la documentación y a su consulta para la investigación, mientras que la 30/92 (pensada sobre todo para archivos administrativos de organismos activos) coloca bastantes limitaciones al acceso aunque el principio general siga siendo el del libre acceso a los expedientes terminados o acabados (art.º 37.1). Generalmente la interpretación abusiva de lo recogido en la Ley 30/92 ha sido el arma que los archiveros y funcionarios obstruccionistas han utilizado para impedir el acceso convirtiendo lo excepcional (la restricción) en lo habitual.

Con respecto a la Ley 16/85 tenemos que saber que, en primer lugar, la ley crea el concepto de “Patrimonio Documental español” (artº. 48) del cual forman parte:

• Desde su creación: los documentos de la Administración pública, de los organismos o entidades publicas, empresas participadas mayoritariamente por el Estado o gestoras de servicios públicos (artº. 49.2)
• A los 40 años: los documentos de la Iglesia, los partidos políticos, sindicatos, entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado (artº. 49.3).
• A los 100 años: el resto de documentos privados (artº. 49.4).

A continuación se establece que la consulta de estos documentos constitutivos del Patrimonio documental español cuando estén tramitados (expedientes terminados) y depositados en archivos públicos serán de libre consulta. Las únicas excepciones serán:

• que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la ley de secretos oficiales
• que no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la ley,
• que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la defensa del estado o la averiguación de los delitos. (art.º 57.1.a).
  

Para estas excepciones habrá que solicitar una autorización administrativa especial (art.º 57.1.b).Salvadas estas excepciones se establece que en el caso que los documentos a consultar contengan información que pueda afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, sólo podrán ser públicamente consultados si se disponer del consentimiento expreso del/os afectado/s. Si no se dispone del consentimiento habrá que esperar unos plazos:

• 25 años después del fallecimiento de los posibles afectados.
• Si no es posible averiguar si los posibles afectados están vivos o muertos, cuando los documentos tengan 50 años.

Dicho de otra manera, todo documento público que tenga más de cincuenta años es de libre consulta, a no ser que una Ley diga expresamente lo contrario (por ejemplo, la documentación notarial que hay que esperar 100 años). Esta debe ser la divisa máxima frente a prácticas obstruccionistas. Pero tratándose de la documentación relativa a desaparecidos o represaliados durante el franquismo o, de manera más general, la investigación histórica sobre la 2ªR y la GCE aún dispondremos de más armas.

El artículo 22 de la Ley 52/07 de Memoria Histórica garantiza el derecho de acceso libre (y la obtención de copias) a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos que se soliciten. Por otra parte, el informe de la Comisión Interministerial cita el art.º 57.1 de la Ley 16/85 como norma principal que regula el acceso tanto a archivos administrativos como a archivos judiciales y que las únicas restricciones provendrán de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Así que nada de que os mencionen la ley 30/92. Os debe dar igual las razones o los artículos que os invoquen. No debemos movernos de lo que recoje la Ley 52/07 de Memoria Histórica.

Si los obstruccionistas aún colocan un último obstáculo recurriendo a dos o tres leyes más, para no dar su brazo a torcer, no entréis a discutirlas demasiado ya que:

• No pueden acogerse a la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) ya que está sólo se aplica a obras literaria, artística o científica (art.º 10).
• No será de aplicación la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ya que no existe intromisión al honor cuando se actúa de acuerdo con una ley concreta (la 52/07 de Memoria Histórica) ni cuando predomina un interés histórico, científico o cultural relevante (art.º 8.1)
• Por último en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se detalla que los datos de carácter personal podrán ser tratados con fines históricos, estadísticos o científicos (art.º 4.2).
  

En todo caso suele decirse que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Así que antes de embarcaros en una reclamación cuya resolución puede demorarse varias semanas o meses tratad de arreglar los asuntos de acceso discutiendo con los responsables con buenas razones y agotando la vía amigable, ya que a veces sus reticencias no provienen de la mala intención, sino del simple desconocimiento de la normativa.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE ACCESO

• FERNÁNDEZ DEL TORCO ALONSO, Juan Manuel y PEDRO GARCÍA, Concepción de: “El acceso de los ciudadanos a los archivos”. Boletín Anabad, XLIX (1991), 3-4, p. 231-222.
• GARCÍA PÉREZ, María Sandra: "La legislación española y el de Derecho de acceso a la documentación de los archivos públicos", Anales de documentación, 8 (2005), pp. 71-90
• HEREDIA HERRERA, Antonia. “Limitaciones archivísticas a la accesibilidad”. Boletín Anabad, XLI (1991), 3-4, p. 121-127.
• MONCAYOLA MARTÍN, Ana María: "Derecho de acceso a los archivos y derecho a la intimidad, tras la Constitución de 1978". En VARIOS: "La transición a la democracia en España : historia y fuentes documentales: actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos (Guadalajara, noviembre de 2003); 13 p.
• NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Eduardo. “Información, documentación administrativa y archivos públicos”. Boletín Anabad, XLIX, (1999), 3-4, p. 241-254.
• OCAÑA LACAL, Daniel de: "Ignorancia, ilegalidad y otros males: panorámica del derecho de acceso a los archivos públicos en España", Boletín de la ANABAD, XLIX, 3-4 (1999); pp. 173-211
• SECO CAMPOS, Isabel. “El derecho de acceso a la documentación: problemas jurídicos y prácticos”. Boletín Anabad, XLI (1991), 3-4, p. 29-78.
• VÁZQUEZ ORGAZ, Jorge. “El derecho de acceso a archivos y registros públicos”. Noticias Jurídicas, [en línea]. Noviembre 2002, [citado 16 ene. 2004].

Fuentes, Legislacion y Bibliografía sobre los Tribunales de Responsabilidades Políticas

ARCHIVOS DONDE SE CONSERVAN LOS FONDOS DOCUMENTALES
El fondo documental producido por el Tribunal Nacional de responsabilidades Políticas de 1936 a 1945 se compone de 1.156 cajas y se conserva en el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Sobre este fondo se está realizando una base de datos que permita conoce con exactitud el número y nombre de los encausados.

Con respecto al resto de tribunales regionales y tribunales provinciales de instrucción pueden encontrarse en:

• Los archivos de las antiguas audiencias territoriales y de las actuales audiencias provinciales, caso por ejemplo del Tribunal Regional de Burgos (que funcionó para Burgos, Álava, Soria, la Rioja y Santander) que se se encuentra en el Archivo de la Audiencia provincial de Burgos.
• Lo más probable, en todo caso, es que hayan sido transferidos a la red de archivos históricos provinciales (AHP), uno en cada capital de provincia: por ejemplo, los fondos de los tribunales regionales y de Instrucción que se conservan en los AHP de Ourense, Albacete, Sevilla, Málaga, Huesca, Cuenca, Zaragoza, etc.
• En algunos casos, las funciones de conservación del patrimonio histórico documental que realizan los AHP son desempeñadas por archivos históricos regionales o nacionales: por ejemplo, el fondo generado por el Tribunal Regional de Madrid se conserva en el Archivo General de la Administración; el de Tribuna Regional de La Coruña, en el Arquivo do Reino de Galicia; el del Tribunal Regional de responsabilidades políticas de Valladolid (13.327 expedientes) se conserva en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; el del Tribunal Regional de Granada, en el Archivo de la Real Chancillería de Granada...

La manera más rápida de conocer donde pueden hallarse estos fondos es consultar la base de datos del Censo-Guía de Archivos Iberoamericanos del Ministerio de Cultura . Se puede realizar una consulta en el apartado búsqueda en fondos documentales marcando las opciones Fondo y División de Fondo en la casilla correspondiente, luego introducimos, por ejemplo entrecomillado "responsabilidades políticas" en el campo Título/Nombre y obtendremos 24 resultados en los siguientes centros: Archivo General de la Administración, Archivo General de la Guerra Civil, Archivo Histórico Provincial de Sevilla; Archivo Histórico Provincial de Ourense ; Archivo Histórico Provincial de Zamora; Archivo Histórico Comarcal de Berga; Archivo Histórico Provincial de Cáceres; Archivo Histórico Provincial de Soria; Archivo del Reino de Mallorca ; Archivo Histórico Provincial de las Palmas de Gran Canaria; Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; ; Archivo Histórico de Asturias ; Archivos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Albacete; Archivo Histórico Provincial de León; Archivo Histórico Provincial de Guadalajara; Archivo Histórico Provincial de Albacete; Archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz y Archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda

LEGISLACIÓN
Os cito la normativa que creó y reguló esta Jurisdicción especial con sus respectivos enlaces a las imágenes disponibles en el sitio del BOE (Base de datos histórica de la Gaceta de Madrid).

1939

1. Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 44 (13/02/1939), pp.: 824 - 847.
2. Orden dando instrucciones para la rápida aplicación del artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 81 (22/03/1939), pp. 1.645 - 1.646.
   
3. Orden sobre aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 119 (29/04/1939), pp. 2.298 - 2.299.
   
4. Orden dictando normas estableciendo un régimen transitorio para los territorios de reciente liberación, con referencia a las Comisiones de Incautaciones, hasta que se constituyan los organismos establecidos en la Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 130 (10/05/1939), pp. 2.553 - 2.554.
   
5. Orden circular sobre intervención del artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 155 (04/06/1939), p. 3.052.
   
6. Ley disponiendo la entrega al Instituto Nacional de la Vivienda de las casas baratas o económicas incautadas en virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas. BOE nº 281(08/10/1939), pp. 5.643 - 5.645.
   
7. Orden sobre procedimiento de recurso de revisión ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. BOE nº 346 (12/12/1939), pp. 6.983 - 6.984.

1940

1. Ley complementaria de la de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, en lo relativo a la efectividad de las sanciones económicas. BOE nº 278 (04/10/1940), p. 6.872.

1941

1. Ley por la que se dispone que la de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 y disposiciones posteriores se apliquen en la Zona de Tánger. BOE nº 154 (03/06/1941), p. 3.984.

1942

1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Tribunal Nacional de responsabilidades Políticas. BOE nº 182 (01/07/1942), pp. 4.720 - 4.722.
2. Ley por la que se conceden al presupuesto en vigor de la Sección séptima de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Justicia", varios créditos extraordinarios, por un importe total de 1.597.625 pesetas, y se anulan otros, que ascienden en junto a 2.012.000 pesetas en la Sección primera, "Presidencia del Gobierno", para dar cumplimiento a la de 19 de febrero último, que reorganizó los servicios de Responsabilidades Políticas. BOE nº 328 (24/11/1942), p. 9.518 - 9.523.

1943

1. Orden por la que se aprueba la instrucción provisional para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Reforma de la de Responsabilidades Políticas de 19 de febrero de 1942, en cuanto afecta al Ministerio de Hacienda, sobre incautación de bienes a las entidades, agrupaciones, partidos y demás organismos declarados fuera de la Ley. BOE nº 164 (13/06/1943), pp. 5.721 - 5.730.

1945

1. Decreto por el que se crean dos Juzgados especiales de ejecutorias; en materia de responsabilidades políticas con jurisdicción en el territorio nacional. BOE nº 10 (10/01/1945), p. 326 - 327.
2. Decreto por el que se suprime la Jurisdicción de responsabilidades políticas. BOE nº 115 (25/04/1945), p. 3.282.
3. Orden por la que se dictan normas para la ejecución del Decreto de 13 de abril de 1945 sobre la supresión de la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas. BOE nº 180 (29/06/1945), p. 5.369.
4. Orden de 26 diciembre de 1945 por la que se declara extinguida la Sección Informadora de reclamaciones de terceros, comprendida en la quinta disposición transitoria de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. BOE nº 365 (31/12/1945), p. 3.827.

1946

1. Orden de 10 de julio de 1946 por la que se suprimen las Salas de Instancia del Tribunal Nacional de Responsabilidades Politicas y se sustituyen por una Sección encargada de liquidar en breve plazo los expedientes aún no resueltos. BOE nº 194 (13/07/1946), pp. 5.557 - 5.558.

BIBLIOGRAFÍA

Destacan los estudios generales de Manuel Álvaro Dueñas, algunos descargables de internet.

• Alvaro Dueñas, Manuel: "Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo": la jurisdicción especial de responsabilidades políticas (1939-1945). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.
• ALVARO DUEÑAS, Manuel: "El decoro de nuestro aire de familia. Perfil político e ideológico de los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas", en Revista de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Madrid, n.° 105, 1999, pp. 147-174.
• ALVARO DUEÑAS, Manuel: "Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas hasta la reforma de 1942", en Revista de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Madrid, n.° 69, 1990, pp. 141-162.
  

Igualmente existen numerosos estudios que investigan la actuación del Tribunal, provincia a provincia:

• Alcaraz Abellán, José: "La Ley de Responsabilidades políticas y su aplicación en Fuerteventura (1939-1942)", Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, 3 (1990), p. 147-160.
• Álvarez García, Carlos: Responsabilidades Políticas y Libertad Vigilada. El Caso de Soria. Fuentes Documentales Conservadas En el Archivo Histórico Provincial: (1937-1972). Toledo, 2000. p. 599-620.
• Franco Lanao, Elena: Denuncias y Represión en años de Posguerra. El Tribunal de Responsabilidades Políticas en Huesca. Huesca , 2005.
• FRÍAS RUBIO, Ana Rosa, "El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Soria. 1939-1959", Revista de Investigación en Geografía e Historia del Colegio Universitario de Soria, 3 (1990-1991).
• Gil Basterra, Iñaki (rec.): Jurisdicción especial y represión franquista en Álava (1936-1942): documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas para Álava. Vitoria-Gasteiz, 2006; 766 p.
• GIL BRACERO, Rafael: "La Justicia Nacional y el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Granada. Las fuentes y primeras conclusiones". En VARIOS: Justicia en Guerra. Madrid, 1990, pp. 595 a 610.
• Granja Fernández, Pilar de la: Represión durante la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Zamora: de los consejos de guerra al tribunal de responsabilidades políticas en el Partido Judicial de la Puebla de Sanabria (1936-1945). Zamora, 2002.
• MIR CURCÓ, Conxita et al.: Repressió económica i franquisme: l'actuació del Tribunal Responsabilitats Politiques a la provincia de Lleida. Barcelona, 1997.
• Sánchez Recio, Glicerio: Las responsabilidades políticas en la posguerra española: el partido judicial de Monóvar. Alicante, 1984; 78 p.
• SANLLORENTE, F.: La persecución económica de los derrotados. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Balerares (1939-1942), Mallorca, 2005; 188 p.
• Durán Pastor, Miguel: Responsabilidades políticas e incautación de bienes: secuelas del desembarco de Bayo en Mallorca (1936-1939). Palma de Mallorca, 1995; 126 p.
• Vega Sombría, Santiago: "La represión en la provincia de Segovia en los orígenes del régimen de Franco", Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 4 (2004).

Boletín de Información bibliográfica del Archivo General de la Guerra Civil

Una forma fácil y accesible de estar al día de las novedades bibliográficas con respecto a una materia (en nuestro caso, la 2ªR, GCE y franquismo) es suscribirse a los boletines de alguna biblioteca o librería especializada. El Archivo General de la Guerra Civil Española posee una biblioteca, cuyo fondo es posible consultar en el Catálogo colectivo de las bibliotecas de los Archivos Estatales accesible en internet.

Los fondos de esta biblioteca se han nutrido no sólo de compras recientes del AGGCE sino, sobre todo, de aquellos libros que el ejercito franquista capturaba a las organizaciones políticas, sindicales, religiosas (o incluso a particulares) perseguidos por sus ideas políticas o religiosas. Las obras pasaron a engrosar una única biblioteca gestionada por la Delegación Nacional de Servicios Documentales y de una gran riqueza temática: política, bélica, sindical, obrerismo, masonería, teosofía y ocultismo. Para más información podéis consultar un artículo en línea de María José Turrión García: La Biblioteca de la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional (Salamanca), de 1997.

Ahora, el archivero-bibliotecario del AGGCE, Javier Fito (al que se le agradece su iniciativa) comienza la publicación bimestral de un Boletín de Información en el cual se difundirán tanto las últimas catalogaciones de la biblioteca como un estudio particular de algunas de las obras del fondo antiguo "para contribuir a un mayor conocimiento de los mismos".

Es posible suscribirse a este boletín escribiendo a D. Francisco Javier Fito Manteca en la dirección fjavier.fito@mcu.es.

Defenders of the Faith

Os copio un noticia periodística sobre un estudio de fuentes documentales sobre la GC que se publicará próximamente:

La Guía de fuentes sobre la guerra civil en Euskadi, dirigida por Santiago de Pablo, Jon Kortazar y José Luis de la Granja

Hace falta que el ejemplo cunda.

También unos vídeos interesantes de los que andan solos por YouTube esperando que alguien los vea. Pertenecen al documental profranquista "Defenders of the Faith", realizado por el norteamericano Russell Palmer en 1939.

Para conocer mejor sobre la producción cinematográfica internacional sobre la GC podéis consultar un artículo de la profesora Magí Crusells, en línea.