Tras leer sobre un caso incalificable de denegación de acceso a un archivo público en Valverde del Camino (Huelva), donde se hallan depositados los fondos del antiguo juzgado de instrucción del partido judicial de Valverde, he creído que podría ser útil hacer un repaso a la actual legislación sobre acceso a los archivos públicos y privados para saber a que atenerse cuando tratemos de acceder a la documentación relativa a los desaparecidos o represaliados durante el franquismo o, de manera más general, queramos investigar sobre la 2ªR y la GCE.
Por mi profesión y mi experiencia como investigador he conocido (y también sufrido) episodios inexplicables de discriminación al acceder a archivos y documentos. Muchos ejemplos suelen ser cómicos (no poder entrar en una biblioteca militar por ir vestido con chándal) pero también hay otros lamentables: en determinados archivos sigue siendo más sencillo conseguir fotocopias de documentos centenarios ganándose a los ordenanzas que discutiendo con archiveros que siempre tienen un "no" preparado en la boca.
España no es precisamente un país que pueda presumir de facilitar el acceso a sus archivos. El estudio realizado por la red freedominfo.orgdetalla que en 2005 cerca del 60% de las solicitudes que se realizaron a la Administración para acceder a documentos de acuerdo con la Ley 30/1992 de Procdemiento Administrativo Común (artº 37) no fueron ni siquiera contestadas con un sí o un no (nuestro famoso "silencio administrativo"). Buena parte de la culpa de este desaguisado se debe a la falta de una legislación especifica y moderna en dos aspectos fundamentales: el acceso a la información y el funcionamiento de los archivos.
En otro postya he indicado que España es el único país de la Unión Europea que aún carece de una Ley estatal de Archivos. Sí que existen leyes autonómicas pero no una norma que regule de manera general y única el funcionamiento de la red de archivos que dependen de la Administración Central del Estado (Ministerios, archivos nacionales, judiciales, militares).
Todo esto, que de por sí ya es malo, empeora al no disponer tampoco de una Ley de acceso a la Información. En octubre de 2006 varios profesores universitarios y organizaciones pro -derechos humanos crearon la Coalición Pro Acceso, como plataforma para reivindicar al Gobierno la aprobación de una norma similar a la que ya está vigente en casi todos los 27 países que conforman la Unión Europea, a excepción de Luxemburgo, Chipre, Malta, Grecia y España.
El PSOE ha prometido en su programa electoral (página 259) para las últimas elecciones impulsar una Ley sobre el derecho al libre acceso a la información:
Ahora me falta hablar de la segunda parte del problema: de los funcionarios obstruccionistas y sus zancadillas.
Por mi profesión y mi experiencia como investigador he conocido (y también sufrido) episodios inexplicables de discriminación al acceder a archivos y documentos. Muchos ejemplos suelen ser cómicos (no poder entrar en una biblioteca militar por ir vestido con chándal) pero también hay otros lamentables: en determinados archivos sigue siendo más sencillo conseguir fotocopias de documentos centenarios ganándose a los ordenanzas que discutiendo con archiveros que siempre tienen un "no" preparado en la boca.
España no es precisamente un país que pueda presumir de facilitar el acceso a sus archivos. El estudio realizado por la red freedominfo.orgdetalla que en 2005 cerca del 60% de las solicitudes que se realizaron a la Administración para acceder a documentos de acuerdo con la Ley 30/1992 de Procdemiento Administrativo Común (artº 37) no fueron ni siquiera contestadas con un sí o un no (nuestro famoso "silencio administrativo"). Buena parte de la culpa de este desaguisado se debe a la falta de una legislación especifica y moderna en dos aspectos fundamentales: el acceso a la información y el funcionamiento de los archivos.
En otro postya he indicado que España es el único país de la Unión Europea que aún carece de una Ley estatal de Archivos. Sí que existen leyes autonómicas pero no una norma que regule de manera general y única el funcionamiento de la red de archivos que dependen de la Administración Central del Estado (Ministerios, archivos nacionales, judiciales, militares).
Todo esto, que de por sí ya es malo, empeora al no disponer tampoco de una Ley de acceso a la Información. En octubre de 2006 varios profesores universitarios y organizaciones pro -derechos humanos crearon la Coalición Pro Acceso, como plataforma para reivindicar al Gobierno la aprobación de una norma similar a la que ya está vigente en casi todos los 27 países que conforman la Unión Europea, a excepción de Luxemburgo, Chipre, Malta, Grecia y España.
El PSOE ha prometido en su programa electoral (página 259) para las últimas elecciones impulsar una Ley sobre el derecho al libre acceso a la información:
"todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. La autoridad requerida deberá motivar, en su caso, su negativa a la información o documentación. La garantía del derecho a la libre información la ejercerá una Autoridad independiente elegida por el Congreso de los Diputados, por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la entrega inmediata de la información o datos solicitados".En todos nosotros está que les recordemos cumplir lo prometido y que se continúe la linea marcada con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en lo referente al acceso a los archivos.
Ahora me falta hablar de la segunda parte del problema: de los funcionarios obstruccionistas y sus zancadillas.
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