En el post anterior hemos recordado los antecedentes históricos que preceden la creación del AGGCE en 1999. Como hemos visto, en 1979 el Archivo se había abierto a la consulta pública como una sección más del Archivo Histórico Nacional a la que se llamó "Guerra Civil". Sin embargo no se traslada a Madrid ya que el Archivo Histórico Nacional estaba saturado desde hacía años y no disponía de espacio para albergarlo. Se mantiene por tanto en las dependencias de la antigua Delegación Nacional de Servicios Documentales, en Salamanca, en la calle Gibraltar (hoy, calle del Expolio).
Al mismo tiempo, desde los primeros años de la Democracia comienzan a plantearse reclamaciones desde la Generalitat de Cataluña que desea la devolución de la documentación incautada por las tropas franquistas en 1939. Se trataría de documentación pública y privada catalana entre la que se encontraría documentación producidas por la Generalitat (507 legajos que incluyen, entre otros, los expedientes sobre la aprobación del Estatuto de Cataluña de 1932) pero también por municipios, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas y simples particulares.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1979 y la reinstauración de la Generalitat como gobierno autonómico, la integración de sus documentos de la etapa republicana tomaba sentido como parte de su archivo histórico. De la misma manera, la creación en 1980 del Archivo Nacional de Cataluña, favorecía el retorno del resto de archivos públicos o privados conservados en Salamanca que podrían engrosar su sección documental contemporánea. Desde un primer momentos se discutió la legitimidad del estado franquista para crear un archivo a partir de un conflicto bélico y como parte de su política represora. La UNESCO declararía en 1991 que aquellos legítimos propietarios de documentos que hubiesen sido objeto de expolio o sustracción indebida a causa de un conflicto bélico tenian derecho a exigir su restitución (Resolución 46/10 de la Asamblea General de la ONU de 1991).
Fuera por esto último o por la más prosaica necesidad que en 1995 tenía el PSOE del apoyo de CiU en el Congreso, el último gobierno socialista de Felipe González (con Carmen Alborch como ministra de Cultura) decide el traslado de esta documentación a la Generalitat. El Partido Popular denuncia el hecho como una cesión injustificable del Estado a las pretensiones nacionalistas. Finalmente un amplio sector de la ciudadanía salmantina (incluidos miembros del PSOE local como el alcalde socialista o el futuro ministro de Administraciones Públicas, Jesús Caldera) se opone al traslado y logra paralizarlo.
Entre 1996 y 2004, los años de gobierno del PP se detiene cualquier proyecto de traslado. Para rechazar la devolución se invoca un sedicente "principio técnico" que no encontraremos en ningún manual de archivística ni española ni extranjera: el de la "Unidad de Archivo". No quisiera aburriros con disquisiciones terminológicas, pero si es conveniente precisar que se ha tratado de confundir ese principio con otro que sí existe en archivística: el principio del respeto de procedencia de los documentos tal como fueron producidos. Es decir, cuando una institución, organismo, asociación, etc. emite (o recibe) una serie de documentos en ejercicio (y testimonio) de las funciones que desempeña, a esta documentación se le llama "fondo" y su integridad debe ser respetada. Por tanto, resulta complicado determinar la integridad del fondo de un archivo cuando este se constituye de muchos otros fondos incautados, porque la función de ese organismo era, precisamente, incautar fondos de archivo.
Como hemos visto en el anterior post, los documentos "fundacionales" del AGGCE provienen de la requisa efectuada por las tropas franquistas durante su avance y que eran enviados a la oficinas de la Delegación Nacional de Servicios Documentales para su análisis. En este sentido el verdadero fondo creado por la Delegación fueron las fichas personales donde se registraba y extractaba los datos extraidos de esos documentos incautados para probar sus actividades. Sólo en algunos casos los funcionarios formaron expedientes personales extrayendo documentos de unos y otros fondos incautados, rompiendo -claro está- la integridad originaria de estos.
Aznar había decidido zanjar el asunto. Al principio de la primera legislatura popular el Presidente del Gobierno declaraba revisar personalmente las decisiones ministeriales relacionadas con la Cultura (lo que la ministra de Educación y Cultura Esperanza Aguirre denominó el "plan Aznar para la Cultura").
Al mismo tiempo, desde los primeros años de la Democracia comienzan a plantearse reclamaciones desde la Generalitat de Cataluña que desea la devolución de la documentación incautada por las tropas franquistas en 1939. Se trataría de documentación pública y privada catalana entre la que se encontraría documentación producidas por la Generalitat (507 legajos que incluyen, entre otros, los expedientes sobre la aprobación del Estatuto de Cataluña de 1932) pero también por municipios, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas y simples particulares.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1979 y la reinstauración de la Generalitat como gobierno autonómico, la integración de sus documentos de la etapa republicana tomaba sentido como parte de su archivo histórico. De la misma manera, la creación en 1980 del Archivo Nacional de Cataluña, favorecía el retorno del resto de archivos públicos o privados conservados en Salamanca que podrían engrosar su sección documental contemporánea. Desde un primer momentos se discutió la legitimidad del estado franquista para crear un archivo a partir de un conflicto bélico y como parte de su política represora. La UNESCO declararía en 1991 que aquellos legítimos propietarios de documentos que hubiesen sido objeto de expolio o sustracción indebida a causa de un conflicto bélico tenian derecho a exigir su restitución (Resolución 46/10 de la Asamblea General de la ONU de 1991).
Fuera por esto último o por la más prosaica necesidad que en 1995 tenía el PSOE del apoyo de CiU en el Congreso, el último gobierno socialista de Felipe González (con Carmen Alborch como ministra de Cultura) decide el traslado de esta documentación a la Generalitat. El Partido Popular denuncia el hecho como una cesión injustificable del Estado a las pretensiones nacionalistas. Finalmente un amplio sector de la ciudadanía salmantina (incluidos miembros del PSOE local como el alcalde socialista o el futuro ministro de Administraciones Públicas, Jesús Caldera) se opone al traslado y logra paralizarlo.
Entre 1996 y 2004, los años de gobierno del PP se detiene cualquier proyecto de traslado. Para rechazar la devolución se invoca un sedicente "principio técnico" que no encontraremos en ningún manual de archivística ni española ni extranjera: el de la "Unidad de Archivo". No quisiera aburriros con disquisiciones terminológicas, pero si es conveniente precisar que se ha tratado de confundir ese principio con otro que sí existe en archivística: el principio del respeto de procedencia de los documentos tal como fueron producidos. Es decir, cuando una institución, organismo, asociación, etc. emite (o recibe) una serie de documentos en ejercicio (y testimonio) de las funciones que desempeña, a esta documentación se le llama "fondo" y su integridad debe ser respetada. Por tanto, resulta complicado determinar la integridad del fondo de un archivo cuando este se constituye de muchos otros fondos incautados, porque la función de ese organismo era, precisamente, incautar fondos de archivo.Como hemos visto en el anterior post, los documentos "fundacionales" del AGGCE provienen de la requisa efectuada por las tropas franquistas durante su avance y que eran enviados a la oficinas de la Delegación Nacional de Servicios Documentales para su análisis. En este sentido el verdadero fondo creado por la Delegación fueron las fichas personales donde se registraba y extractaba los datos extraidos de esos documentos incautados para probar sus actividades. Sólo en algunos casos los funcionarios formaron expedientes personales extrayendo documentos de unos y otros fondos incautados, rompiendo -claro está- la integridad originaria de estos.
Aznar había decidido zanjar el asunto. Al principio de la primera legislatura popular el Presidente del Gobierno declaraba revisar personalmente las decisiones ministeriales relacionadas con la Cultura (lo que la ministra de Educación y Cultura Esperanza Aguirre denominó el "plan Aznar para la Cultura").
En primer lugar elevará la categoría del archivo desligándolo del Archivo Histórico Nacional y convirtiéndolo en un Archivo General del Estado. Por real decreto 426/1999, de 12 de marzo, se crea el Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) disponiendo que serán sus "fines y funciones las de reunir, conservar y disponer sus fondos documentales para investigación, cultura e información". Se trata, por tanto, una institución destinada a "recoger" y no a "entregar": a partir de entonces, el Gobierno tachará las reclamaciones catalanas de revanchistas, propias de quien no acepta que la Guerra Civil es tan sólo un hecho histórico superado.
En segundo lugar, para rechazar de una vez y para siempre el traslado de los documentos en litigio, el Gobierno del PP se remitirá a un informe realizado a una comisión de expertos escogida por el Patronato del AGGCE, el órgano rector de la Institución. Será el Patronato, presidido por la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, el que finalmente deniegue en julio de 2002 el traslado de documentos a Cataluña.
En estos años, la cuestión de los "papeles de Salamanca", como ya se le conoce por toda la opinión pública, se habrá convertido en una argumento mayor de la política nacional. La ciudadanía catalana reclamará mayoritariamente la devolución organizando sus protestas en torno a asociaciones como la Comissió de la Dignitat, creada en 2002.
Tras la victoria socialista en las elecciones de 2004, Rodríguez Zapatero priorizará, en cambio, la devolución. Inmediatamente la polémica se dispara, como en 1995. El Ayuntamiento de Salamanca, ahora gobernado por los populares, vuelve a invocar el principio de unidad de archivo. El fondo del asunto tiene una marcada intencionalidad política ligada a la coyuntura nacional del momento y a los argumentos elegidos por la oposición del PP para atacar al Gobierno del PSOE. Se organizan manifestaciones en Salamanca que identifican la invocada unidad del archivo con la unidad de España mientras que su disgregación simbolizaría la cesión de un débil gobierno central a las pretensiones separatistas del nacionalismo catalán.
Decía Javier Tusell en un artículo publicado en El País el 9 de enero de 2005, ilustrando sobre la principal limitación del Archivo de la Guerra Civil :En definitiva, la paradójica situación de los papeles de la Guerra Civil es que existe un archivo que por su nombre parece contenerlos y no es así, sino que corresponde a una entidad de muy modesta significación. La información acerca del conflicto fratricida está muy dispersa y podría estarlo menos en beneficio de los intereses culturales. Pero parece que preferimos, en vez de eso, embebernos en un conflicto irresoluble entre identidades nacionales.
CQC dio su versión cómica del conflicto a pie de calle que, las más de las veces, tomaba tintes grotescos (el alcalde, Julian Lanzarote, cambió el nombre de la calle Gibraltar, donde se encuentra el AGGCE, por el de calle "del Expolio").
Como ya hiciera el PP en 2002, el Gobierno del PSOE crea otra comisión de expertos que esta vez argumentará en sentido favorable a la devolución. Finalmente, el Parlamento aprueba la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, que restituye a la Generalitat los documentos incautados.
A través de la misma Ley el Gobierno crea el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) que absorbe al AGGCE. Se eleva de nuevo la importancia de la Institución, convirtiéndose en la mayor centro de estudios dedicado hasta el momento a la investigacion histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transición. Habrá que esperar a los los próximos años para comprobar si está alcanzando tan ambiciosos objetivos.
En la práctica el CDMH pretende constituirse como un centro de documentación (antes que como un simple archivo) donde el investigador dispondrá de la parte más importante (originales o copias) de las fuentes documentales, bibliográficas o audiovisuales existentes en España y en el extranjero sobre la Guerra Civil y sus consecunecias demostrando con hechos que lo importante no es donde se guarden los documentos originales sino la mayor o menor facilidad que tenga el ciudadano para acceder a la información que contienen.
Perdonad por extenderme demasiado tratando de explicar a mi gusto este asunto. Bien estará si sirve para que la ciudadanía conozca la existencia de los archivos y de la conexión que les une a ellos para construir su memoria colectiva. En el último post dedicado al AGGCE hablaremos de lo realmente importante: los fondos documentales que pueden consultarse en él.
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