sábado, 1 de marzo de 2008

Los archivos españoles y la investigación

El 1 de junio de 2004 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo que instaba al Gobierno a llevar a cabo un estudio concretado en varias tareas:

1.- Estudiar los daños y perjuicios ocasionados por la GCE y la represión franquista: estudiar las indemnizaciones ya reconocidas en la legislación estatal y autonómica y proponer nuevas medidas de reparación.

2.- Elaborar un proyecto de ley de solidaridad con los represaliados por el franquismo para tributarles una reparación moral y económica e, igualmente, indemnizar a los fallecidos violentamente durante la Transición entre el 1-1-1968 al 6-10-1977.

3.- Elaborar un estudio sobre la situación de los archivos públicos y privados con el fin de organizarlos y abrirlos no sólo a los interesados que recopilen justificantes para la solicitud de indemnizaciones sino, en general, a toda la sociedad para rememorar y difundir lo ocurrido durante la GCE y el franquismo.

Para lograr estos objetivos, el 23 de julio, el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo (Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre) a la que se va a encomendar todo lo anterior.

Esta Comisión elaborará el anteproyecto de Ley que más tarde se conocerá popularmente como "Ley de la Memoria Histórica" aprobada por el parlamento en diciembre de 2007. Además redactará, dos informes hechos públicos entre julio y agosto de 2006: uno de carácter general sobre los puntos primero y segundo citados arriba; y otro sobre el punto tercero, sobre la situación de los archivos.

El informe dedicado a la situación de los archivos es especialmente interesante ya que repasa de manera breve cuales son los archivos que contienen documentación para la fondos relativos para el estudio de la Guerra Civil y del Franquismo. De esta manera sirve como una guía de archivos muy útil para todos aquellos que se acerquen por primera vez a este tema. Os recomiendo realmente que le echéis un vistazo.

El informe se divide en los siguientes grandes apartados:
1.- Fondos documentales en archivos gestionados por el Ministerio de Cultura (Archivo General de la Administración; Archivo Histórico Nacional; Archivo General de la Guerra Civil Española; Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; Archivo de la Real Chancillería de Granada (este gestionado por la Junta de Andalucía).

2.- Fondos documentales en archivos gestionados por el Ministerio del Interior: Dirección General de Instituciones Penitenciarias; Dirección General de la Policía; Dirección General de la Guardia Civil.

3.- Fondos documentales en archivos gestionados por el Ministerio de Defensa: Archivo General Militar de Ávila; Archivo General Militar de Guadalajara; Archivo Intermedio Militar de Ceuta; Cuartel General de la Armada; Cuartel General del Ejército del Aire; Archivos de la Jurisdicción Militar.

4.- Fondos documentales en archivos gestionados por la Administración de Justicia: Archivo del Ministerio de Justicia; archivos de Juzgados de Instrucción nº 21 y 22 de Madrid; Archivo de la antigua “Sección Segunda” de la Audiencia Provincial de Madrid y Archivo del Tribunal Supremo; archivos de las Audiencias Territoriales y Provinciales; archivos de las antiguas Audiencias Territoriales y Provinciales de Bilbao, Málaga y Cádiz (desde febrero de 1939).

5.- Archivos del Registro Civil.

5.- Fondos documentales del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores ( Ministerio de Estado; Archivo de Burgos).

6.- Fondos documentales en archivos gestionados por las Comunidades Autónomas.

7.- Fondos documentales en archivos gestionados por las administraciones locales y regionales.

8.- Archivos y fondos documentales privados.

9.- Adquisiciones realizadas por la Administración General del Estado con destino al recien creado Centro Documental de Memoria Histórica (Salamanca).

El informe acaba con unas conclusiones sobre la situación del acceso a los archivos (que ya veremos más adelante) y con unas recomendaciones para el futuro. Son la parte que debe preocuparnos más.

La Comisión constata que aunque el estado de conservación y control de los documentos varían de un archivo a otro, en muchos de ellos las condiciones de conservación son muy precarias hallándose insuficientemente descritos y sin reproducir: "no puede decirse que esta documentación este bien controlada, unas veces porque los ficheros son incompletos o tienen información errónea, o, simplemente, porque no existen".

Se recomienda un plan de tratamiento y descripción de los fondos relativos a la memoria de la Guerra Civil y del franquismo para asegurar su preservación: "Es preciso continuar, sistematizar y potenciar esta labor mediante una política decidida, eficaz y dotada de los recursos legales, económicos, organizativos y humanos precisos. Todo ello debe enmarcarse dentro de un plan global de archivos".

Por último se recomienda que se inicien los trabajos para redactar una Ley de Archivos ya que España es el único país de la Unión Europea que aún carece de dicho instrumento legal: "un instrumento fundamental para un Estado democrático porque los archivos, como depositarios de la historia colectiva, garantizan la responsabilidad de las Administraciones públicas y el ejercicio de los derechos ciudadanos".

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